El revés que acaba de encajar La Moncloa en el Tribunal Constitucional no es solo un tropiezo procesal; es el colapso de la vía de escape política con la que el Gobierno pretendía esquivar las exigencias de la justicia. El intento de utilizar al Defensor del Pueblo como ariete de emergencia para revertir la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos ha naufragado con un incontestable 10 a 2.
