A pesar de los compromisos del gobierno en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España aún no ha adoptado las medidas recomendadas para desarrollar un sistema de integridad global y coherente.
La estrategia nacional antifraude que se lleva solicitando desde hace años sigue sin concretarse. A pesar de las advertencias de Bruselas y la ayuda solicitada a la propia OCDE, la estrategia sigue en un cajón, mientras que el índice de percepción de la corrupción 2024 coloca a España en el puesto 46 de 180 países.
