María Jesús Montero aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que Feijóo tiene miedo de «no llegar vivo al final de la legislatura». Hacer esta afirmación resulta una auténtica barbaridad. Las palabras dichas, en política y en cualquier ámbito, pueden ser una carga muy pesada. Y en este caso, lo que se pronuncia en la tribuna del Congreso de los Diputados no admite matiz alguno. No se trata del contexto ni a quién se dirige. No es la primera vez que la ministra vierte acusaciones graves o incluso amenazas veladas desde su escaño. En un país que aún lidia con las heridas de la Guerra Civil, invocar la muerte de un adversario político no es ingenio ni táctica parlamentaria. Es, simple y llanamente, irresponsabilidad. La salud democrática del Gobierno está más que cuestionada. Este es un ejemplo. Pero también lo es cuando el Ejecutivo salta a defender la violencia pro-Hamás en protestas en la Vuelta ciclista, o cuando un expresidente del Gobierno, sin cargo institucional alguno, viaja de urgencia a reunirse con un expresidente autonómico fugado de la justicia. Hoy, en Suiza, Rodríguez Zapatero, Carles Puigdemont y el mediador internacional se sientan a negociar. Sobre la mesa, la cesión de competencias en inmigración. Un órdago de Junts que amenaza la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Zapatero se perfila como el sustituto de Santos Cerdán, tras la orden de prisión preventiva contra este último por corrupción.
