La última propuesta de Mónica García que genera inquietud es la vinculación de la declaración de renta o los ingresos de una persona con su acceso a tratamientos médicos y cirugías, así como su posición en la lista de espera. Esta medida plantea una serie de problemas graves. En primer lugar, poner en manos de una evaluación basada en criterios económicos la posibilidad de acceder a servicios médicos es inaceptable.
La salud de las personas no debería depender de su capacidad económica ni de evaluaciones que no sean médicas. Además, el riesgo de introducir un comité político local en la toma de decisiones sobre tratamientos médicos es una clara amenaza a la autonomía médica y a la imparcialidad del sistema de salud. Dependiendo de la afiliación política de quienes integren este comité, podrían influir en decisiones críticas para la salud de las personas.
