Uno de ellos, y el más conocido, es Santos Cerdán, el que fuese secretario de Organización del PSOE. La primera vez que la UCO entró en Ferraz fue tras su primera imputación por el ‘caso Koldo’. El auto le atribuye un papel superior como encargado de dirigir y supervisar la supuesta red criminal. Según la investigación, le habría ordenado a Leire Díez desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que salpicase al PSOE e, incluso, al propio Gobierno. Además, habría acordado remunerar a Díez con hasta 4 mil euros usando fondos del partido. Seguimos con ella, con Leire Díez. Según el auto, coordinó actuaciones para obstaculizar investigaciones judiciales. Según el juez Pedraz, mantuvo contactos con empresarios, abogados, mandos policiales y miembros socialistas para recabar información sensible. Por otro lado tenemos a Javier Pérez Dolset, empresario que, supuestamente, participó en varias reuniones con los dos anteriores. El juez asegura que su actividad era injerir en procesos judiciales, teniendo como principales objetivos al fiscal José Grinda y a miembros de la UCO.
