En pleno mes de julio, con media España pendiente del aire acondicionado, la alta factura de la misma, la sombrilla y la crema solar, el Gobierno ha decidido que es un buen momento para rescatar del cajón una ley con aroma a mordaza. Y no precisamente contra terroristas, sino contra periodistas. El Consejo de Ministros ha aprobado su nueva Ley de Información Clasificada, una norma que sustituirá, eso dicen, a la ley franquista de 1968. Aquella, sí, la que el propio Gobierno ha usado hasta ahora para esconder cosas tan esenciales para la defensa nacional como… los viajes en Falcon del presidente del Gobierno. Pero lejos de suponer una mejora en transparencia democrática, la nueva ley hace algo que no hizo ni Franco: castigar con hasta 2,5 millones de euros a periodistas que publiquen información veraz que el Ejecutivo decida etiquetar como “alto secreto”. ¿Y quién decide qué es secreto? El propio Consejo de Ministros. Juez y parte. O mejor dicho: ocultador y verdugo. ¿Y qué es lo que se puede esconder? Absolutamente todo.
