la última reforma que quiere hacer Moncloa para así brindar a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.
El fiscal no podrá asistir al Consejo de Ministros.
El mandato será de 5 años y no renovable.
El fiscal ya no podrá ser cesado por pérdida de confianza, solo por incumplimientos graves o reiterados, y con informe previo del CGPJ.
La comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía será solo por escrito y pública.
