El juicio busca esclarecer si desde la Conselleria de Igualdad, dirigida por Oltra, se intentó silenciar o desviar la denuncia de la víctima, en lugar de protegerla. La menor, tras salir del centro, fue acogida por el hospital de Alzira con un trabajo por estar embarazada. Sin embargo, con la reversión del hospital a gestión pública, fue la única trabajadora no readmitida, junto con su pareja.
