El gobierno ha entrado en acción y lo ha hecho a través de un acuerdo con Bruselas para llevar a cabo una remodelación del sistema de ayudas por desempleo. Una de las principales modificaciones propuestas es que los parados que rechacen ofertas de trabajo no recibirán el subsidio. El Ministerio de Economía busca reforzar el compromiso de las personas desempleadas para buscar y aceptar empleo, así como participar en cursos de formación.
La intención del ejecutivo es fomentar la reinserción laboral, y la reforma incluiría la graduación de la cuantía de los subsidios de paro, pasando de 480 euros al mes a una distribución que otorgue más dinero al inicio y menos al final del periodo de subsidio. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no comparte la visión del equipo de Nadia Calviño sobre esta modificación. Argumentan que no se debería optar por un acceso decreciente a los subsidios y discrepan en la necesidad de un mayor control sobre el compromiso de las personas desempleadas, ya que consideran que, desde que se inscriben en el paro, ya se comprometen a una búsqueda activa de empleo.
Aunque la reforma aún no está cerrada, Nadia Calviño busca abordar el asunto con celeridad, ya que esto implica el cuarto desembolso de los fondos europeos. El equipo de Yolanda Díaz confirma el acuerdo con Bruselas, pero no ha respaldado las medidas anunciadas por Economía. Afirman que ni las modificaciones en las cuantías ni señalar a los desempleados estaban pactados. Ambos ministerios presentarán un borrador en el Consejo de Ministros con sus opiniones sobre las medidas propuestas.
Los sindicatos, por su parte, exigen una convocatoria para negociar y sostienen que es crucial la presencia de agentes sociales para mejorar aspectos como la cuantía de las prestaciones, los vacíos de cobertura y los resultados de las políticas activas de empleo, así como los servicios públicos relacionados con el empleo.
