El Gobierno planea alojar a 564 inmigrantes en un antiguo edificio de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón, un centro sin licencia residencial pensado para solo 150 personas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre inmediato del campamento, advirtiendo que, de incumplirse la medida, la Policía intervendrá para clausurarlo. La decisión genera preocupación sobre la legalidad del lugar, mientras los vecinos denuncian la inseguridad de las calles. Este enfrentamiento refleja la dejadez del Gobierno central y su nefasta política migratoria.
