El Tribunal Supremo ha vuelto a poner el foco sobre una de las cuestiones más controvertidas de las próximas elecciones generales: el voto de los ciudadanos nacionalizados a través de la conocida como ley de nietos. El Alto Tribunal ha decidido mantener la suspensión cautelar que afecta a las inscripciones en el censo electoral realizadas al amparo de una instrucción de esta ley. Una decisión que llega a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre y que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende combatir estudiando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. (ENTRAN COLAS) El Tribunal Supremo parece tirar de lógica y considera que existen cuestiones que deben aclararse antes de permitir determinadas inscripciones en el censo. Parece claro y evidente que la integridad del proceso electoral es un interés que debe protegerse. Y más todavía cuando España se prepara para acudir a las urnas. Sin embargo, el Gobierno cuestiona esta decisión y estudia llevar la controversia al Constitucional, al considerar que la suspensión afecta al ejercicio de un derecho fundamental. El Supremo parece haber frenado en seco el chiringuito de votos que Sánchez y los suyos tenían preparado para, al menos, alterar a su manera, las elecciones del próximo 29 de noviembre. Al Gobierno parece no gustarles las normas y reglas actuales del voto y mucho menos, la plena seguridad jurídica.
