Santos Cerdán, el que fue número tres del Partido Socialista y uno de los hombres más cercanos al presidente del Gobierno, ya duerme en una celda de la prisión de Soto del Real. Allí ha pasado sus primeras horas de reclusión preventiva, imputado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Una decisión del juez del Supremo, Leopoldo Puente, que no ha dejado lugar a dudas: había indicios más que suficientes, incluso pruebas, de que el exsecretario de Organización del PSOE no podía seguir en libertad mientras se investiga lo que ya es uno de los mayores escándalos de corrupción que salpican al actual ejecutivo. Un escándalo que no se mide solo en imputaciones. Se mide en dinero. En cantidades concretas. Cinco millones de euros en comisiones. Esa es la cifra estimada por el juez como botín por la adjudicación irregular de obras públicas. Obras en Murcia, La Rioja, Sevilla o Barcelona. Obras que, según la UCO, beneficiaron a grandes empresas como Acciona, que habría recibido contratos por valor de más de 500 millones de euros. Y todo, gracias a las gestiones de una red donde Cerdán no era un peón más. Era, en palabras del magistrado, una figura con “cierta preeminencia”. El juez no se ha andado con eufemismos. Ni con interpretaciones. Ha dicho que el botín que supuestamente obtuvieron José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, cerca de un millón de euros, apenas representa una pequeña parte del total.
