Cuando la Fiscalía no ejerce la acusación, condenas como la de David Sánchez solo pueden impulsarlas las acusaciones populares. Marta Castro explica que «Vox ha pedido que se investigue por qué las instituciones perjudicadas no han reclamado el dinero presuntamente malversado», y añade que «también depende de la Diputación, lo que complica el procedimiento, porque confluyen el derecho penal y el derecho administrativo». Además, recuerda que «nosotros hemos solicitado la condena por tres bloques de delitos y, por ahora, solo se ha apreciado el de prevaricación; si finalmente se estimaran todos los delitos que planteamos, la pena conllevaría el ingreso en prisión».
