Juan Chicharro Ortega, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, defiende la legitimidad de la institución que preside afirmando que “la apología es historia”. En su intervención, sostiene que el objetivo de la fundación es preservar la memoria histórica desde una perspectiva que considera tan válida como cualquier otra.
Chicharro denuncia lo que califica como una aplicación selectiva de la ley: mientras se amenaza con ilegalizar a la Fundación Franco, otras entidades —que, según él, promueven o justifican la violencia o el terrorismo— continúan actuando con total impunidad.
El debate reabre una cuestión incómoda en la sociedad española: ¿dónde están los límites de la libertad de expresión y de la memoria histórica? ¿Hasta qué punto puede el Estado decidir qué parte de la historia merece ser recordada y cuál debe ser silenciada?
