El Ministerio de Exteriores ha remitido al Tribunal Supremo miles de expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Solo un 0,5% de los expedientes revisados incluía pruebas de esa condición de exilio, mientras que en Buenos Aires no se habría encontrado ninguna. La modificación de formularios consulares atribuida a Sofía Puente habría facilitado el acceso a la nacionalidad sin exigir dicha acreditación, incluso a descendientes de emigrantes del siglo XIX.
