El ministerio de Mónica García rechaza asumir responsabilidades por los más de 80.000 casos de efectos adversos registrados tras las vacunas COVID por los organismos oficiales. Asegura que los españoles se vacunaron libremente con consentimiento informado y que, por lo tanto, deben asumir los efectos adversos de las inoculaciones. El Gobierno presionó para que todo el mundo se vacunara y ahora deja tirados a los ciudadanos.
