El doctor en economía, Julián Salcedo, asegura que en cualquier acuerdo jurídico o de arrendamiento si se comete un fraude, debería tener una sanción penal. En caso de la vivienda, si no se cumple con la solvencia que se promete a la hora de alquilar, debería ser requisito para la expulsión. Por otro lado, denuncia la retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler ante el miedo a la inquiokupación. Incluso muchas personas que sufren este problema, ante la desesperación, deciden poner en venta su propiedad con los okupas dentro.
