El Gobierno ha decidido unilateralmente rescindir el contrato de balas con Israel. El jurista Mario Garcés asegura que es legal rescindirlo por un interés público, pero en este caso se trata del interés político de Pedro Sánchez. Ahora Israel va a pedir indemnización no solo por los 6,6 millones del contrato sino por el daño producido. Garcés va más allá y apunta a supuestos indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos porque el Gobierno conocía de todos los trámites del contrato.
