La suspensión del voto para los nacionalizados mediante la ley de nietos ha provocado un choque frontal entre Moncloa y el Tribunal Supremo. El Ejecutivo se ha dedicado a poner pegas a la resolución judicial. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno asegura que la medida impuesta por el Supremo es inasumible. Su gran argumento es que resulta técnicamente imposible revisar los cerca de 170.000 expedientes tramitados. El Gobierno solo pone trabas y denuncia que la justicia les está arrebatando a estos nuevos ciudadanos un derecho fundamental: el de poder votar.
