El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Por primera vez, la investigación penal pasará a estar dirigida por la Fiscalía en lugar de por los jueces. Con la norma también se regula la acusación popular. Un punto que no convence a sus socios de Sumar. Incluso asociaciones jurídicas avisan del alto riesgo de politización de la justicia. Para aprobar la reforma, el ejecutivo de Sánchez necesitará el apoyo en el Congreso. Algo que Sánchez no tiene garantizado tras la ruptura definitiva de Junts. Aún así, el gobierno hace oídos sordos y obvia la realidad: Bolaños asegura que buscará a todos los partidos políticos para recabar los apoyos necesarios.
