Si se aprueba la singularidad fiscal de Cataluña, 11 comunidades perderán 47.000 millones de euros, afectando principalmente a los servicios básicos de la mitad de los españoles. Cataluña, Madrid y pocas regiones más ganan, mientras que Andalucía, Canarias y Castilla y León serán de las regiones más perjudicadas. Inspectores de Hacienda advierten que el acuerdo es inviable y piden la dimisión de la ministra María Jesús Montero.
