Los 40.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Canarias el pasado año están siendo repartidos por toda España. Alcalá de Henares acoge a 1.700 y sufre las consecuencias: dos reyertas violentas y dos denuncias por agresión sexual. El Gobierno se ha visto obligado a contratar seguridad privada en los centros de acogida. En los contratos reconoce que se pueden producir episodios violentos y delincuenciales. Sin embargo, niegan la relación inmigración-crimen cuando hablan frente a las cámaras.
