Leire Díez, la espía fontanera trató de corromper, de comprar, a algunos fiscales con prebendas que solo da el Gobierno si les facilitaban “basura”. Quería atacar a los jueces, Manuel García Castellón (hoy jubilado), y a Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, uno de los jueces que debe participar en la sentencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz con el objetivo de involucrarles en asuntos de corrupción para arruinar su reputación. Al mismo tiempo, se imputa a Begoña Gómez. Ella dice que es periodista de investigación, pero en privado reconocía que era “la mano derecha de Santos Cerdán, aunque él no va a aparecer nunca». Todo ello aderezado en relación con el “número 1”, que es la persona “que decide”.
