El retraso de seis años en la extradición de Puigdemont es un reflejo de la degradación de las instituciones en España. Su enjuiciamiento ha bailado al son de los vaivenes de Pedro Sánchez, que obligó al juez Llarena a modificar su petición de auxilio judicial al eliminar el delito de sedición. Las instituciones europeas tampoco han ayudado: ni el expresidente de la Eurocámara David Sassoli ni la actual presidenta Roberta Metsola hicieron de Puigdemont una causa prioritaria y se lavaron las manos ante un problema que no iba con ellos.
