La Universidad Complutense de Madrid se personará en la pieza principal del caso que investiga los negocios de Begoña Gómez, considerando que su apropiación del software de la cátedra que dirigía pudo causar un perjuicio económico al centro. La universidad pedirá una posible indemnización económica, pero no penas de prisión, contradiciendo a la Fiscalía, que aseguraba que no se había producido ningún daño.
