El Juez Santiago Pedraz imputa por corrupción a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda y a 25 personas más, entre ellos presidentes y expresidente de empresas que presuntamente cooperaron con la trama de Leire Diez, Santos Cerdán y Antxon Alonso. El nuevo escándalo afecta a varias empresas publicas como Mercasa, ENUSA, Parque empresarial Principado de Asturias de Avilés, y a otras privadas como Tubos Reunidos y Forestalia. La sospecha del juez es que la trama se beneficiaba de obtener contratos y ayudas de la SEPI a través de estas empresas y aprovechando la influencia de la Sociedad Estatal de participaciones industriales. Según el juez, la trama buscaba oportunidades gracias a su influencia y producían operaciones de apariencia ilícita en las que la trama era el nexo de concesión. Y ello lo hacían sistemáticamente obteniendo beneficios para ellos y para terceros.
