Los escándalos por presunto acoso sexual en el PSOE crecen tras el caso Salazar, que ha animado a nuevas denunciantes a señalar a dirigentes territoriales e incluso a un miembro de la Ejecutiva Federal. Diez mujeres afirman estar dispuestas a identificar públicamente a sus acosadores mientras las asociaciones feministas progresistas —incluidas la Asociación Española de Feministas Socialistas, Fundación Mujeres y Mujeres Progresistas— guardan silencio. Dirigentes como María Jesús Montero y Pilar Alegría, íntimas de Salazar, han evitado dar explicaciones públicas, y también se reprocha a Yolanda Díaz no haber impulsado inspecciones laborales.
