El ministro de Transportes acusa a la Comunidad de Madrid de atribuirse el mérito de la gratuidad del abono infantil de transporte. Desde el Gobierno, se dirigen formalmente a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la legalidad en las comunicaciones y aclare la procedencia de los fondos utilizados en esos anuncios. Se estima que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podría enfrentarse a una sanción de 200 millones de euros, equivalente al triple de la cantidad subvencionada.
