El juez Aguirre ha dado en el clavo. Instruyó el ‘caso Volhov’ sobre las relaciones de los ‘indepes’ con espías rusos. En el sumario queda claro que la oferta era la siguiente: Apoyo a la independencia, esto es dinero y protección política, a cambio de convertir Cataluña en un Las Vegas de las criptomonedas. Los contactos de Puigdemont y sus enviado con el espía ruso Nikolai Sadovnikov fueron perfilando una aportación de 500 millones para la “causa” separatista. A los rusos no les acabaron de parecer una opción fiable para desestabilizar Europa y se los endosaron a media docena de capos de la mafia rusa, para ver que podían hacer por el procès. La cuestión es que coquetear una potencia extranjera, nada menos que al FSB (Servicio Federal de Seguridad) de Putin, es un delito de alta traición en España, con independencia de que les dieran poco o mucho los rusos.
