Resulta que tres semanas después del accidente de Adamuz la CIAF, que es quien tiene la competencia de analizar la causa no dispone de la caja de registros con los datos técnicos del tren (aceleración, frenado y traqueteo, todo). Resulta que los enseres de las victimas siguen tirados en las vías de donde se produjo el accidente y son objeto de expolio, de pillaje o mejor, de ultraje. Y el diligente ministro del Interior y su gente no dispusieron una vigilancia sobre las pertenencias de los muertos y heridos que no se han podido hacer cargo o si lo prefieren recogida y custodia que hubiera sido lo lógico dado el tiempo transcurrido. A pesar de eso Sánchez señala que “los protocolos no son infalibles”. Esto no es una cuestión de protocolos sino de indignidad.
