Aparentemente, es difícil justificar que tras un año transcurrido desde las últimas elecciones generales, el peso de los diferentes bloques políticos en España apenas sufra alteración. Mientras la izquierda asume sin ningún rubor que su alianza con el resto de partidos minifundistas y nacionalistas es condición necesaria para contrarrestar el avance del otro bloque, el centro reformista y la derecha se empeñan en librar una batalla interna que solo altera el quantum de los eventuales sumandos, pero que apenas es suficiente para gestar una mayoría parlamentaria para gobernar. La izquierda cultiva esmeradamente los estereotipos demonizadores de la oposición, y una parte de esa oposición tiende a repeler las críticas, no a través de la batalla cultural, sino asimilando parte de las tesis de la propia izquierda, como si esa fuese una solución de oportunidad.
Siendo cierto que la izquierda actúa al uso tradicional de las tesis de Eco, el del fango, construyendo un arquetipo peligroso y dañino para describir al rival político, no es factor único, sin embargo, para describir todo lo que está ocurriendo. Habitualmente, el cambio de eje político en España se ha producido como consecuencia de la gestión indebida de las tres C: Crisis, Corrupción y Cataluña. Pues bien, teniendo en cuenta los indicadores macroeconómicos que se han conocido en las últimas semanas, podría decirse que la crisis económica se ha superado y España es uno de los países que más crece en un análisis dinámico. No faltarán las opiniones fundadas que sostengan que existen grandes desequilibrios estructurales en la política presupuestaria y en el modelo productivo español, pero, a fuerza de ser sinceros, esos desequilibrios existen desde hace décadas y no son exclusivamente imputables al actual gobierno.
Una buena prueba del astigmatismo político de una dirigencia de nivel intelectual pírico, es que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas se afanan por fragmentar los datos macroeconómicos para que, en etapas de crecimiento, cada uno se autoatribuya el éxito, mientras que cuando los datos son negativos, nadie se haga responsable de los mismos. Es más, el gasto público ha crecido en todas las Administraciones Públicas a lo largo de los últimos años, y nadie se ha planteado una política de ajuste fiscal. Pero es más grave porque no hay un solo Presidente de Comunidad Autónoma o Alcalde de Ayuntamiento que no se haya congraciado del récord de su gasto presupuestario. Mientras las Comunidades Autónomas critican las subidas de impuestos llevadas a cabo por el Estado, se benefician simultáneamente del importe de la participación en ingresos del Estado que les corresponde de acuerdo con la LOFCA, entre otros ingresos fiscales, por la mayor recaudación del propio IVA.
Así, la superación de la crisis, aunque ha generado mayor desigualdad, no es un baldón en la carrera de la izquierda por perpetuarse en el poder. Al menos, no por ahora. En cambio, la corrupción está dañando al gobierno, pero en menor medida de lo que se podía esperar. En un país como España que ha hecho y hace del tráfico de influencias una actividad común en muchos partidos políticos, el impacto de las eventuales irregularidades de Begoña Gómez, su cuñado y toda la camaradería de la sociedad de la nieve de Benasque, siendo real, es menos relevante de lo que podría serlo. Al menos, también por ahora.
Y, por último, la tercera C: Cataluña. Ante la inminente formación de Gobierno en Cataluña, mediante la concesión irreparable de un modelo de relación financiera bilateral de la Comunidad Autónoma con el Estado, cabe preguntarse qué consecuencias puede tener en términos de futuro en unas próximas elecciones generales. Pues bien, si la Hacienda catalana propia se convierte en una seña de identidad patrimonializada por el PSC y por los nacionalistas, con un modelo asimétrico inaceptable desde el punto de vista de la equidad y de la solidaridad, pero aceptable desde el punto de vista de la reivindicación nacionalista y seudofederalista del PSC, revertir esa situación va a provocar una fuerte respuesta social e institucional en Cataluña.
Habrá teóricos y profesionales que expresemos nuestra contrariedad y hasta nuestra visión jurídica que proclame nítidamente la inconstitucionalidad de la medida, pero los esfuerzos serán vanos, porque ninguno de nosotros formamos parte del Tribunal Constitucional. Las Comunidades Autónomas interpondrán recursos de inconstitucionalidad armados doctrinalmente, pero todo esfuerzo será baldío si el Tribunal Constitucional mantiene una posición de seguidismo con las iniciativas del actual Gobierno. Así que únicamente quedará la opción de que, cuando haya un cambio de gobierno, se revierta esta reforma, por mucho que haya sido declarada constitucional. Pues bien, siendo necesario llevar a cabo esa reversión jurídica, es evidente que tendrá un coste.
Ese coste se podría haber evitado de haber conseguido forjar una mayoría suficiente en las elecciones generales del 23J de 2023. Como todo lo demás, incluyendo la Ley de amnistía. La diferencia es que, en este último caso, no se puede modificar retroactivamente el Derecho penal para restablecer la pena de los condenados, mientras que en la reforma fiscal, cabrá llevarlo a cabo sin otra condición que tener la mayoría absoluta para hacerlo. Frente a la irreversibilidad de la situación penal de los beneficiados por la reforma de la ley penal, la reversibilidad de la reforma financiera y fiscal que destruye la igualdad y la solidaridad entre territorios. Pero puede haber quien dude llegado el momento, y, si no, tiempo al tiempo. La duda, en muchos casos, también es un defecto irreversible en política.