¿Petro está premeditando un auto-golpe de Estado?
En la batalla política que existe hoy entre Colombia y el desastroso presidente de turno, el lenguaje, los discursos, los aspavientos, las amenazas, los textos mal ortografiados de Gustavo Petro son armas de combate cultural y psicológico que él utiliza cada día con relativo éxito contra la ciudadanía.
Es indispensable que esa manipulación termine. La mayoría silenciosa, pero también la clase política, la oposición parlamentaria, los editorialistas, los periodistas y los analistas, pueden parar en seco lo que Petro busca: imponer sus propios elementos de lenguaje y dictar términos del debate y censurar toda descripción verdadera de lo que él hace desde la Casa de Nariño. Esa policía del espíritu, esa mordaza dictatorial, hay que desbaratarla sin tardar.
Por ejemplo, en estos días, en un mitin en Cali, Petro amenazó al Congreso con reunir una asamblea Constituyente si éste no le aprueba sus desastrosas iniciativas, sus mal llamadas “reformas”. Petro gritó que gracias a una asamblea constituyente él podrá obtener “las reformas sociales que el pueblo a través de su voto ordenó”.
Esa charlatanería es insoportable. Petro no quiere “reformar las instituciones”. Petro no quiere que una magna asamblea le entregue una nueva constitución democrática que limite las actuaciones del poder ejecutivo y separe los poderes para cerrarle el paso a toda tentación autocrática.
Lo que Petro quiere es reunir a sus conmilitones, no al pueblo soberano, para que le redacten un papelucho que le permita instaurar una “vertical del poder” similar a la de su admirado Vladimir Putin, que oprime a Rusia desde hace 20 años e invade a Ucrania y amenaza al mundo con el arma nuclear sin presentarle cuentas a nadie. Lo que quiere Petro no es modificar seis temas de la Carta Magna de 1991: quiere borrar todo lo que esta dice. Quiere zafarse del sistema democrático para satisfacer los intereses criminales que ayudaron a financiar su campaña. Petro no logrará jamás hacer ver eso como una “transformación de las instituciones”.
Lo que está haciendo Petro en estos momentos es urdir la abolición de la Constitución de 1991 y ponerle una muralla a toda constitución democrático-liberal. Es un golpe de Estado en regla, bárbaro, solapado, que empujará al país hacia el pasado, hacia el feudalismo. Lo que fabrica Petro desde la Casa de Nariño insulta al Precursor de la Independencia. ¡Fuera Petro de la Casa de Nariño!
El masivo rechazo que ha generado el insólito ultimátum de Petro al Congreso es un buen signo: el país es lúcido y no quiere validar la aventura petrista, y sabe que la gestión gubernamental en estos 18 meses ha sido desastrosa y puede degenerar aún más. Por otra parte, emerge la actitud patriótica del Congreso y de los parlamentarios, de la sociedad en general. Constataron que Petro dirige una lucha a muerte contra la democracia y que a esa sentencia de muerte hay que oponerse con determinación hasta derrotarla completamente. La férrea defensa del Congreso que ha hecho Iván Name, el presidente del Senado, muestra el aislamiento en que se encuentra Petro. Según El Colombiano, Iván Name calificó de “suma gravedad” el hecho de que Gustavo Petro “haya planteado literalmente un golpe de mano institucional”. Name agregó: “Este no es un Congreso genuflexo, este Congreso no está dispuesto a aceptar que el presidente de la República profiera una amenaza a la democracia y al Congreso”.
Hacia el Estado Comunal: el poder de las FARC, ELN, cárteles narcos y Primeras Líneas
¿Ante esa actitud patriótica y valerosa, que le queda a Petro? ¿Cerrar el Congreso y enviar los tanques del Cantón Norte?
Como no controla mayorías en ninguna de las dos cámaras, Petro disimula su plan golpista bajo el ropaje simpático y provincial de unos “cabildos abiertos”. No es sino abrir unos centímetros la cortina para ver el fondo de tales “cabildos”: las Farc (segunda Marquetalia) y las milicias del ELN –que negocian ambas con Petro la “paz total”–, y los carteles narcos, se agitan para ponerse en convergencia con las llamadas “mingas indígenas” –carácter paramilitar que no representan a los indígenas del país–, y con las “primeras líneas” –bandas atroces responsables de centenas de muertos, heridos, lisiados, quemados, destrucciones y saqueos durante los alzamientos petristas de 2021–.
Tales son las fuerzas “populares” con las que Petro espera hacer cuatro cosas: disolver el Congreso, declarar la conmoción interior, gobernar por decreto y montar un remedo de constituyente para que adapte el modelo de “Estado comunal” de Hugo Chávez en 2007.
El síndrome de Pedro Castillo
La cultura política de Petro está, en efecto, impregnada de las mañas y creencias de ciertas dictaduras marxistas. Como Evo Morales, está convencido que tumultos y marchas invasoras, prefabricadas y financiadas con dineros obscuros, pueden tomarse la capital y conducir a la apertura de una asamblea constituyente. La Constitución vigente no dice que una Constituyente pueda ser el resultado de las vías de hecho. Pero eso no le importa a Petro. Como el peruano Pedro Castillo, Petro calcula que si el Congreso no le aprueba sus “cambios” socialistas puede cerrarlo y confeccionarse una constituyente de bolsillo.
Pedro Castillo llegó en 2022 a una crisis parecida a la de Petro y terminó en una cárcel por acudir al golpe disfrazado. El New York Times escribió: “El 7 de diciembre, el Congreso [peruano] tenía previsto votar por la tarde si destituía o no al presidente, Pedro Castillo, por cargos de corrupción. Sin embargo, el presidente, tratando de frustrar la votación, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue rápida y ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado”. Otro detalle: Castillo anunció que convocaría un nuevo Congreso para que redactara una nueva Constitución que reorganizara el poder judicial. El diario americano recordó que Castillo, cuyo lema preferido era “No más pobres en un país rico”, se había presentado como una “ruptura con el pasado corrupto del país”. Pero pronto Castillo se vio «envuelto en escándalos y no cumplió muchas de sus promesas”.
Lo que siguió todo el mundo lo sabe. Luego de que Castillo anunciara su decisión de disolver el Congreso las fuerzas armadas y la policía, sin demora alguna, rechazaron la decisión de Castillo. The Economist narró: “El Congreso votó [la] destitución [de Castillo] por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Fue detenido después de que los manifestantes, y los graves atascos de tráfico, impidieran que se refugiara en la embajada mexicana”. Y el tinglado de Castillo siguió cayendo: “Altos funcionarios del gobierno renunciaron en rápida sucesión, expertos en derecho calificaron su iniciativa de ilegal, e incluso el antiguo abogado personal del presidente lo reprendió. Estados Unidos también se unió al coro de disconformidad”, resumió el NYT.
Lo curioso es que años atrás, en 1992, otro presidente peruano, Alberto Fujimori, envió tanques para cerrar el Congreso de Perú y tuvo éxito: gobernó como un autócrata durante los ocho años siguientes.
¿Cuál será la suerte de Colombia? ¿Un golpe infame pero triunfante como el de Fujimori, o uno fracasado a tiempo, como el de Castillo?
La gran lección de esos procesos es que las instituciones deben estar alertas, vigilar cada movida rara, detectar los signos leves de un golpe de Estado para ripostar a tiempo y con energía. La libertad y la democracia no son bienes permanentes, son realidades frágiles que hay que saber cuidar con celo, si no queremos terminar en el socialismo. O en lo que el escritor Constantin Leontiev predecía para Rusia hace más de un siglo: “El socialismo es el feudalismo del futuro” (1).
(1).- Según Robert Conquest, en su prefacio a la obra de Pavel y Anatoli Soudoplatov Missions Spéciales (Editions du Seuil, Paris,1994, pagina 11)