Vivimos un tiempo en que la política ha decidido legislar incluso sobre lo que antaño era terreno de la medicina, la psicología y la psiquiatría, sin comprender sus pliegues.
El Congreso de los Diputados de España (2025), en un gesto ideológico y no científico, ha dado luz verde a una norma que criminaliza la prudencia clínica y la evaluación psicológica: hasta dos años de cárcel e incluso la pérdida de la patria potestad para aquellos padres o sanitarios que opten por acompañar desde la escucha, la evaluación y la cautela (piénsatelo, espera un poco) a un hijo que decide cambiarse de sexo.
Un padre o un psicólogo, ante un menor varón que, un buen día, afirma sentirse chica y desea hormonarse y amputarse, solo podrá callar. Si decimos “piénsatelo”, si evaluamos la situación, estaremos cometiendo un grave delito.
Acuérdense bien: votaron a favor de esta ley PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG… y el PP. Silencio transversal.
El pretexto es erradicar las llamadas “terapias de conversión”, fantasmas de otra época en que la homosexualidad era tratada como desvío patológico. Pero esas pseudoterapias fueron enterradas y desterradas del marco científico hace muchas décadas.
Lo inquietante es el uso táctico del lenguaje: bajo ese rótulo de condena unánime a lo que se hacía “hace un siglo”, ahora se cuela como negativo todo acto sanitario que no sea mera afirmación positiva (hormonarse y amputarse).
Es decir, afirmar positivamente, en este contexto, significa que un padre o un médico debe callar y no decir ni “mutis”. Y si un joven varón de 16 años se levanta por la mañana y dice: “soy mujer”, nadie —ni sus padres, ni un psicólogo ni un psiquiatra— puede sugerir un espacio de espera, un tiempo de elaboración. Si el joven quiere hormonarse o amputarse, el único camino legal es asentir con la cabeza y amputar partes de su cuerpo.
Es el juego del trilero político: el discurso señala, como coartada, unas terapias extinguidas —muy antiguas, usadas para “curar” a los homosexuales— y, por otro lado, la bolita del trilero, sin que nos demos cuenta de dónde está, impone una ley dogmática donde triunfa el individualismo, lo acientífico, y nuevamente se desprecia a la familia. En resumen: se introduce un desastre que no existía.
El político dice que hay que acabar con algo maligno (que ya no existía, insisto) y te cuela algo igual de malo. Pero lo más asombroso es que esta ley prohíbe la duda.
En más de sesenta facultades de Psicología en España se enseña que evaluar no es un gesto de sospecha, sino de hospitalidad sanitaria frente a la complejidad psíquica.
El acto de pensar antes de actuar es la primera ética del cuidado. Y, sin embargo, ahora se penaliza ese gesto básico, tan humano, de decir: “espera un poco, evaluamos, etc.”
¿Qué ocurre si ese adolescente atraviesa un duelo, una escisión narcisista, una disforia de género repentina y pasajera? ¿Qué ocurre si confunde un malestar existencial con una solución de identidad sexual? ¿Y si padece un delirio y se cree una mujer? ¿Le apuntamos y hormonamos? Pues sí: según los partidos políticos arriba firmantes, sí.
Los sanitarios no podemos decir nada. El “hago lo que me da la gana” ha ganado por goleada. Ha triunfado el subjetivismo y el constructivismo, y también ha ganado la política: “si me siento X, es que soy X.”
El sujeto decide amputarse y hormonarse, y el sanitario no debe decir nada, pues ahora no es de su competencia. El malestar psíquico, ahora, es competencia de los políticos