La Presidencia marroquí del Consejo de DD. HH de la ONU pondría en peligro la credibilidad del Consejo
La Liga Española pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, organizaciones-miembros del Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, habiendo tenido conocimiento de la candidatura del Reino de Marruecos a la Presidencia del 18º Ciclo de los Derechos Humanos, presentada en un documento enviado el 19 de junio de 2023 a todas las Misiones Permanentes y Delegaciones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, deseamos expresar nuestra profunda preocupación por ver a una Potencia ocupante presidir el principal órgano mundial de promoción y protección de los Derechos Humanos.
Al adoptar la resolución 60/251, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos.
Tras reafirmar los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la autodeterminación de los pueblos, la Asamblea General decidió que los miembros elegidos para formar parte del Consejo deberán defender los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos.
Por lo tanto, se recomienda que la Presidencia recaiga en un Estado miembro que, al menos, respete el derecho internacional, en particular el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los Derechos Humanos. Es evidente que éste no es el caso del Reino de Marruecos.
Haciendo caso omiso de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que concluyó que los materiales y la información que se le habían presentado no establecían ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos, el 6 de noviembre de 1975, el Rey Hassan II lanzó la invasión del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental e inició un conflicto armado contra el movimiento de liberación saharaui, el Frente Polisario, que duró hasta el alto el fuego de 1991 y la creación, por el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
La prolongada ocupación militar ilegal y la anexión de la gran mayoría del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental han sido y siguen siendo la causa de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
En particular, por lo que respecta al Cuarto Convenio de Ginebra, cabe destacar las violaciones de los artículos 31 – 32 (prohibición de la coacción, la tortura y los tratos degradantes e inhumanos); el artículo 33 (prohibición de los castigos colectivos, la intimidación, el pillaje y las represalias); Artículo 49 (prohibición de deportaciones, traslados, evacuaciones); Artículo 53 (prohibición de destrucción de bienes muebles o inmuebles. Algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cultural.
Además, el Reino de Marruecos, no sólo ha bloqueado durante décadas la organización, bajo los auspicios de Naciones Unidas, del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, sino que ha optado una vez más por intervenir militarmente contra un grupo de civiles saharauis, que se manifestaban pacíficamente en el suroeste del Territorio contra el expolio marroquí de los recursos naturales.
La reanudación del conflicto entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos está dando lugar a nuevos crímenes de guerra por parte de este último, que utiliza drones para atacar convoyes civiles al este del muro de separación. Desde noviembre de 2020, unas 80 personas (saharauis, argelinos y mauritanos) han muerto o resultado heridas, mientras que 44 coches civiles, 5 camiones y 2 camiones cisterna han sido destruidos.
Aunque el Reino de Marruecos se ha adherido a la Unión Africana y a su Acta Constitutiva en enero de 2017, perpetúa su ocupación ilegal, violando así los artículos 3 y 4 de dicha Acta.
También hay que señalar que el Reino de Marruecos, haciendo caso omiso del llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU para la aplicación de medidas independientes y creíbles para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, así como su llamamiento urgente para mejorar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), sigue negando (desde 2015) el acceso al Territorio ocupado a la OACDH y al Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Sr. de Mistura.
Asimismo, desde 2014, a más de 300 académicos, parlamentarios, defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas se les ha denegado el acceso al territorio no autónomo o han sido deportados de él.
Con el fin de silenciar a todo el pueblo saharaui que reclama públicamente el libre ejercicio de su derecho a la autodeterminación, las autoridades marroquíes mantienen una política de represión constante, que puede desembocar en detenciones y encarcelamientos arbitrarios, durante los cuales a menudo se recurre a tratos inhumanos y a la tortura para obtener confesiones que luego sirvan para condenar a estas personas, a veces a penas muy duras.
En los últimos tiempos, el Comité de la ONU contra la Tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria han expresado su preocupación y han establecido que estos defensores y activistas saharauis de derechos humanos son víctimas de tortura y están siendo detenidos arbitrariamente. Lamentablemente, el Reino de Marruecos rechaza sistemáticamente las conclusiones de esos mecanismos.
Por último, aunque el Reino de Marruecos ha cursado una invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, parece que no aceptaría los términos de referencia habituales para las visitas a países de los titulares de mandatos. En marzo de 2019, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Diego García-Sayán, ha anunciado que no se cumplen las condiciones necesarias para su visita a Marruecos. En diciembre de 2022, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Sr. Olivier De Schutter, anunció que su visita a Marruecos había sido aplazada a petición del Gobierno por falta de acuerdo sobre el itinerario.
Por todo lo expuesto, las XXX organizaciones-miembros del Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, hacen un llamamiento a los miembros de la Unión Africana para que rechacen firmemente la candidatura de la Potencia ocupante del Sáhara Occidental, el Reino de Marruecos, a la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2024. Así como al Presidente Español que en este semestre preside este semestre la Unión Europea.