Hay países que han comprendido, tras décadas de fricción social y lecciones costosas, que la inmigración masiva no puede abordarse con ingenuidad. Dinamarca, Singapur o los Emiratos del Golfo han sido señalados —por observadores prudentes y por técnicos en ciencias sociales— como ejemplos de eficacia en la contención de flujos migratorios desbordantes. Su receta no es secreta ni retórica: es racional, preventiva y basada en principios de integración real.
En España, sin embargo, ocurre lo inverso: no sólo no se aplican estos principios, sino que se subvierte cada uno de ellos, casi como si se tratara de una pedagogía inversa. Este artículo trata, precisamente, de esa contradicción.
Desde 2005, han llegado a España entre 9 y 10 millones de inmigrantes. La cifra es abrumadora no solo por su dimensión estadística, sino por sus implicaciones estructurales e incluso culturales: supone levantar cada año, “simbólicamente,” una ciudad del tamaño de Valladolid para alojarlos. Implica construir viviendas, carreteras, ampliar centros de salud, escuelas, infraestructuras sociales. Significa multiplicar recursos sin que, necesariamente, los recursos se multipliquen. Porque conviene no olvidar lo evidente: los recursos de un Estado son finitos, y la riqueza nacional no se expande al ritmo de la necesidad humanitaria.
Lo primero que recomiendan las ciencias sociales es evitar la creación de guetos. Allí donde se enquistan, surge la fractura del tejido social e incluso la radicalización; y es más fácil que el resentimiento encuentre su hábitat. Dinamarca y Singapur han intervenido de forma decidida para desmantelar estas microciudades paralelas. En España, en cambio, se permite la formación de enclaves cerrados. El Raval, en Barcelona, es ya un ejemplo de ello: un espacio simbólico donde el nosotros y el ellos se separan con nitidez. Según Jorrín (2024), los datos confirman lo que la intuición ya advertía: los inmigrantes atesoran el 31 % de abandono escolar, el acceso precario a la vivienda y al empleo, y la generación de dependencia crónica y esto puede favorecer más aún más la formación de guetos.
El multiculturalismo es sentimentalista, y cuando no hay un marco de integración común racional, no culturaliza: fragmenta.
Segundo: la relación entre ayudas sociales y volumen migratorio. Dinamarca estableció un criterio sencillo y efectivo: para recibir ayudas sociales es necesario acreditar al menos 37,5 horas de trabajo semanales. ¿Resultado de la bajada de ayudas? La inmigración bajó casi a la mitad. La asistencia, bien entendida, no puede sustituir al esfuerzo ni premiar la pasividad. En España, sin embargo, las ayudas se han incrementado. El País Vasco se ha convertido en un polo de atracción, especialmente para menores extranjeros no acompañados, por la generosidad de su política de subsidios. El mensaje es claro: cuanto mayor es el incentivo, más fuerte es el efecto llamada.
Tercero: la lengua. La lengua es mucho más que un medio de comunicación: una forma de habitar el mundo. Promover el uso de lenguas de origen (marroquí) y no de llegada (español) o financiar entidades que celebran la diferencia como bandera no fortalece la convivencia, sino que la debilita.
En España, no solo se consiente esta estrategia, sino que se fomenta e institucionaliza: existen acuerdos con Marruecos para impartir clases de cultura árabe-marroquí en doce comunidades autónomas. Los profesores son enviados y pagados por Rabat, cuya forma de gobierno —conviene recordarlo— es una monarquía autoritaria donde la distinción entre religión, cultura y Estado simplemente no existe.
Decía un viejo proverbio egipcio: “La cultura es la religión, y la religión es la cultura”. En el islam, esta fusión es total. Pensar que se puede importar su cultura sin importar su sistema de creencias es no haber entendido nada.
En Europa, la secularización ha permitido construir sociedades plurales sobre un marco común. En el islam, la religión es ese marco. Lo político, lo jurídico y lo cultural no se deslindan.
Cuarto: la vigilancia de los espacios religiosos. En Singapur y Dinamarca, el control sobre mezquitas y predicadores ha sido clave. Se han cerrado templos que promovían discursos contrarios a la convivencia democrática, se han expulsado a predicadores agitadores. En España, en cambio, el PP y el PSOE votaron —en la Comisión de Interior del Congreso en 2024— en contra del cierre de mezquitas que difundan ideas yihadistas. Es decir: aquí se protege lo que otros países prohíben.
España como cualquier país, cuenta con herramientas legales tanto para expulsar a personas extranjeras implicadas en terrorismo como para perseguir penalmente a quienes difunden o ensalzan la violencia yihadista pero, no impide la creación de partidos islamistas, no dificulta el predicar en mezquitas a grupos radicales, es decir, no se limita lo estructural.
Se deja operar con libertad a religiosos. La paradoja es: se ofrece “casi” total libertad a quienes no respetan las reglas de la libertad y desean acabar con ella.
Quinto: la política de nacionalización. En los países árabes la ciudadanía no se concede. Se puede trabajar, sí, pero sin que eso implique acceso a derechos políticos ni a la transmisión del linaje nacional. Los gobernantes deben ser nativos del propio país y la nacionalidad no se da a nadie.
Todos los países del golfo aprendieron de la experiencia libanesa y siria que acogieron a millones de palestinos, tal medida de acogimiento masivo de inmigrantes desestabilizó ambos países y terminaron en guerras y hambrunas.
Al no naturalizar a nadie saben que dentro de un siglo seguirá habiendo cataríes en Catar, egipcios en Egipto y así sucesivamente, y no una mayoría de trabajadores extranjeros que tienen la nacionalidad pero que no sienten identificados con el país que los acoge. En España, sin embargo, se entrega fácilmente la nacionalidad. No se exige ni una vinculación cultural real ni un compromiso con los valores democráticos. Basta con que pase el tiempo y uno esté pisando suelo español, y a veces ni eso. El resultado es la fragilización del propio concepto de ciudadanía en España.
Sexto: el apego simbólico. En Dinamarca, la nacionalización no es un trámite burocrático, sino un acto de reconocimiento moral. El inmigrante debe demostrar que comparte valores, normas y afectos. Debe haber voluntad de pertenencia. Si delinque, pierde ese derecho. En España, por el contrario, se da acceso a la nacionalidad al tiempo que se imparten clases de cultura marroquí en los colegios públicos españoles, consolidando así una pertenencia que no suma, sino que divide.
Séptimo: el criterio cultural. Singapur solo acepta inmigrantes de países culturalmente próximos (en cuanto a lengua, religión etc.,) . Los países que mejor gestionan la inmigración saben que la afinidad cultural es importantísima: en el sentido que reduce los conflictos, mejora la integración de los recién llegados y refuerza la productividad. En todos los países estudiados desde las ciencias sociales las personas inmigrantes que más producen son las más parecidas en cuanto a cultura lengua y religión al país de llegada.
En España, nuevamente ocurre lo opuesto: se prioriza la inmigración de países con mayor distancia cultural, como Marruecos, y se naturaliza a sus ciudadanos. Según El Debate (2025), los marroquíes encabezan las nacionalizaciones gracias a los acuerdos alcanzados tras el giro diplomático de abril de 2022 entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el reino alauí.
También es paradigmático el caso de ex político Jordi Pujol que favoreció la inmigración de países no hispanos con el objetivo de que no se hablara español y que aprendieran solo el catalán, para conseguir este objetivo Jordi Pujol favoreció la inmigración desde el sahel, norte de África y sobre todo marruecos puesto que estas personas ya no hablarían español.
Jordi Pujol consiguió su objetivo y la evidencia nos muestra que, a día de hoy que en cataluña, en nombre más frecuente de los niños recién nacidos es Mohamed.
En conclusión. Queda entonces la pregunta de fondo: ¿por qué el partido progresista que gobierna España promueve una inmigración que fragmenta, tensiona y sobrecarga el sistema? Quizá la respuesta esté en el cálculo electoral. En el barrio del Príncipe, en Ceuta, el 80 % de los marroquíes votan al PSOE. El dato no necesita glosa. La política migratoria no siempre obedece a la racionalidad del bien común; a veces responde a la lógica menos confesable de la aritmética electoral.