Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido este jueves en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas (TCu) por orden de la Fiscalía Europea (EPPO). El operativo forma parte de una investigación iniciada el pasado año sobre un presunto fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a la adquisición de dispositivos telemáticos para el control de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
Según detalla el comunicado de la Fiscalía Europea, las diligencias buscan esclarecer posibles irregularidades en contratos que ascienden a un total de 102,6 millones de euros (ejecutados en los ejercicios 2018, 2021 y 2023). Esta actuación se produce apenas unos días después de que el mismo organismo europeo solicitara a la UCO requerir documentación a ADIF sobre la gestión de fondos comunitarios en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.
El contrato de 2023 y las alertas del Tribunal de Cuentas
El foco de las pesquisas recae sobre la adjudicación formalizada en 2023 —durante el mandato de Irene Montero— a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas, financiada con fondos Next Generation y cuya vigencia se extendió hasta mayo bajo la dirección de Ana Redondo. El cambio de proveedor derivó en pérdidas de trazabilidad durante la migración de datos, lo que motivó advertencias tanto del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de la Fiscalía sobre el riesgo de desprotección de las víctimas y posibles absoluciones derivadas de fallos técnicos.
En su informe de fiscalización número 1.695, aprobado el pasado 22 de septiembre, el Tribunal de Cuentas ya constató «graves deficiencias» durante prácticamente toda la vigencia del servicio. El órgano fiscalizador detectó interrupciones constantes de señal y errores de geolocalización que llegaron a permitir el acercamiento de agresores a las víctimas, así como baterías defectuosas con una autonomía real de apenas semana y media frente a los seis meses exigidos en los pliegos técnicos, además de retrasos injustificados en las reparaciones.
Estas vulnerabilidades fueron denunciadas reiteradamente por las trabajadoras de la Sala COMETA y corroboradas finalmente por una auditoría externa encargada por el ministerio en noviembre de 2025, cuando el contrato entraba en su recta final.
Por su parte, la ministra Ana Redondo ha asegurado que le «consta» que los fondos se emplearon de manera adecuada, defendiendo que el departamento mantiene desde hace meses una «colaboración absoluta» con el Tribunal de Cuentas y los investigadores europeos.
Requerimiento paralelo sobre las donaciones al PSOE
De manera simultánea, los agentes de la UCO han aprovechado su presencia en el Tribunal de Cuentas para reclamar documentación contable relativa a las donaciones recibidas por el PSOE. Según fuentes próximas al operativo, esta diligencia responde a «discordancias» detectadas tras cotejar los datos aportados previamente al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, centrando el análisis tanto en las aportaciones destinadas a campañas electorales como en la financiación de las primarias de Pedro Sánchez en 2017.