José Luis Ábalos, exministro de Transportes, comparecerá a las 10:00 de la mañana del jueves en el Tribunal Supremo (TS), para ir «desmontando las mentiras» del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’. También ha asegurado que desmentirá el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En estos documentos, Ábalos figura con un rol relevante en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares que se investigan en el ‘caso Koldo’.
Si bien la defensa del exministro ha intentado retrasar su declaración para estudiar mejor la causa, finalmente tendrá lugar este jueves 12 de diciembre. Y es que Ábalos solicitó, poco después de mostrar su interés en declarar voluntariamente ante el Alto Tribunal, aplazar el interrogatorio. Alegaba que hasta el pasado día 5 no había tenido acceso a todo lo investigado.
Los días previos al interrogatorio
El pasado miércoles, Ábalos declaraba ante la prensa al salir del Congreso que tiene «ganas de declarar». El juez Leopoldo Puente, por su parte, dictaba un auto que adjudica al Partido Popular la dirección letrada de todas las acusaciones populares. Otros grupos personados en la causa son Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum, ADADE y Iustitia Europa. Sin embargo, el juez instructor señalaba que la actuación por separado de todas las acusaciones «perturbaría» el proceso y conllevaría «dilaciones indebidas».
Por tanto, el mismo ha ordenado que solo una de las partes lleve la dirección letrada. Ante la falta de acuerdo entre las propias acusaciones, finalmente designaba a la que se personó antes en el procedimiento, el PP. Pero varias acusaciones populares presentaron su queja frente a esto, y han pedido a la Sala de lo Penal del Supremo que corrija esta decisión.
Las acusaciones de De Aldama
De acuerdo con Europa Press, fuentes de la defensa de Ábalos afirman que la declaración voluntaria del exministro se debe a que pretende desmontar «las mentiras de Aldama», tanto en sus sonadas declaraciones de noviembre como en su posterior escrito de diciembre, presentado ante el Supremo.
En dicho documento, el empresario afirmaba que pactó con Ábalos darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros. Este habría sido una «garantía» de una serie de pagos que varias constructoras le harían en un futuro, a cambio de contratos «preadjudicados» de obra pública. Y cuando declaró ante la Audiencia Nacional, De Aldama indicaba que había entregado comisiones por la venta de mascarillas a Ábalos cuando era titular de Transportes, en su despacho en el Ministerio.
Ante toda esta información, el fiscal de la trama le preguntaba: «¿Entonces aproximadamente usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos?». La respuesta del empresario no podía ser más clara: «No. 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. Que percibió».