La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su discurso contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de gobernar con leyes “ilegales o profundamente dañinas” y de provocar un grave deterioro de las instituciones democráticas en España. Así lo ha expresado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde también ha advertido sobre lo que considera una deriva autoritaria del Gobierno central.
Ayuso puso el foco en las “100 derrotas” parlamentarias que, según afirmó, ha sufrido Sánchez durante su mandato. A su juicio, esta cifra revela la debilidad de un Ejecutivo que, lejos de alcanzar consensos, se apoya únicamente en sus socios para sacar adelante medidas que no responden al interés general. “Solo logra aprobar leyes que le imponen sus aliados, aunque sean ilegales o nocivas para el país”, aseguró.
En este contexto, la presidenta madrileña denunció la existencia de una “mayoría parlamentaria ficticia”, construida a base de concesiones que, en su opinión, hipotecan la soberanía institucional. Según Ayuso, el Gobierno actual está cada vez más aislado, “se empequeñece y se embrutece”, y ha dejado de buscar el bien común para centrarse en garantizar su propia supervivencia política.
Uno de los aspectos más graves señalados por la líder popular fue el deterioro político e institucional que, a su juicio, atraviesa España. Acusó al Gobierno de abusar de su poder para actuar contra los jueces, los medios de comunicación libres, las empresas públicas y privadas, y los distintos contrapesos que sustentan la democracia. “Están interviniendo empresas para financiar campañas electorales o comprar voluntades”, afirmó, al tiempo que alertó sobre la voluntad de intervenir también en las instituciones para evitar cualquier forma de alternancia política.
Asimismo, Díaz Ayuso criticó lo que calificó como una estrategia sistemática para destruir a la oposición. En sus palabras, el Ejecutivo estaría tratando de impedir que el Partido Popular pueda ejercer su labor de control, llegando incluso a obstaculizar la acción de los doce gobiernos autonómicos del PP y del propio Alberto Núñez Feijóo como líder de la alternativa política.