El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en medio de la crisis generada por los retrasos en el cribado de cáncer de mama. El anuncio se produjo en una comparecencia extraordinaria a las 20:30 horas, solo unas horas después de que el Gobierno andaluz presentara un plan de choque para afrontar el problema.
Plan de choque: 12 millones para 2.000 mujeres
El Ejecutivo regional ha aprobado un plan con una inversión de 12 millones de euros, destinado a realizar pruebas a las 2.000 mujeres afectadas por posibles retrasos en la notificación de sus casos. Según el Gobierno, casi el 99% de estas pruebas dará un resultado negativo, es decir, no se detectará cáncer en la gran mayoría de los casos.
El nuevo protocolo aprobado introduce, además, la obligación de notificar a las mujeres cuando su prueba inicial sea no concluyente, requiriendo un segundo test. Según la Junta, este cambio es clave para evitar que se repitan los problemas de comunicación que han generado alarma entre las pacientes.
¿Qué fallaba hasta ahora?
Hasta ahora, el protocolo vigente desde 2011 no obligaba a informar a las pacientes sobre resultados no concluyentes hasta la segunda revisión, momento en el que normalmente se confirmaba el buen pronóstico. El Servicio Andaluz de Salud reconoce que esta falta de comunicación contribuyó a la crisis y subraya que el nuevo procedimiento garantizará que todas las mujeres afectadas estén informadas a tiempo.
La Junta defiende el cribado
Desde el Gobierno andaluz insisten en que la gran mayoría de las mujeres diagnosticadas como no concluyentes están sanas, y que todas serán llamadas a una segunda revisión para confirmar la ausencia de enfermedad. No obstante, la polémica sobre los retrasos y la falta de comunicación ha acabado con la salida de la consejera, en un intento del Ejecutivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.