El Congreso de los Diputados ha derogado este martes el real decreto ley ómnibus del Gobierno con los votos en contra de Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. La decisión supone un nuevo revés parlamentario para el Ejecutivo y deja sin efecto un paquete de medidas sociales y económicas que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre.
El decreto incluía, entre otras disposiciones, la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos y diversas medidas fiscales, como los incentivos para la compra de vehículos eléctricos o la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables.
Pese a que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había reclamado el apoyo de los grupos para evitar “hacer daño a millones de ciudadanos”, las formaciones que ya habían anunciado su rechazo han cumplido su advertencia y han tumbado el texto. Con la publicación de la votación en el BOE, todas las medidas decaerán automáticamente.
En el caso concreto de las pensiones, el Gobierno ya había abonado la nómina del mes de enero con una subida del 2,7 %, conforme a lo acordado en el Pacto de Toledo. No obstante, tras la derogación del decreto, el Ejecutivo se verá obligado a aprobar una nueva norma si quiere mantener la revalorización en los próximos meses, al quedar ahora sin cobertura legal.
El rechazo al decreto ómnibus contrasta con lo ocurrido en la votación de otro real decreto ley tramitado en la misma sesión. El Congreso sí ha aprobado la prórroga para 2026 de las bonificaciones al transporte público y la creación del abono único nacional, una norma que ha salido adelante con el apoyo de Junts, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.
El decreto de transportes ha sido convalidado con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, gracias al respaldo de los socios habituales del Gobierno. Algunos grupos, como EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria o el BNG, han apoyado la medida, aunque han reclamado que las bonificaciones dejen de prorrogarse de forma temporal y se conviertan en ayudas permanentes por ley.
La doble votación vuelve a evidenciar la fragilidad parlamentaria del Gobierno, incapaz de garantizar apoyos estables incluso para decretos de marcado carácter social, y refuerza las críticas de la oposición al uso recurrente del decreto ley como herramienta legislativa para agrupar medidas de muy distinta naturaleza en un solo texto.