El Gobierno prevé iniciar en abril la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, fruto del acuerdo entre PSOE y Podemos, una medida que ha provocado una respuesta frontal de los principales sindicatos de la Policía Nacional, que advierten de colapso operativo, efecto llamada y graves riesgos para la seguridad ciudadana.
Las organizaciones SUP, Jupol y CEP coinciden en que la regularización anunciada se ha diseñado de espaldas a la realidad policial, sin refuerzos, sin medios adicionales y sin un plan claro para absorber el aluvión de trámites que recaerán sobre unas unidades de Extranjería ya desbordadas. Autorizaciones de residencia, revisiones administrativas y comprobaciones legales deberán gestionarse en un sistema que, según denuncian, ya funciona al límite.
“No tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales”
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) se subraya que el acuerdo político rompe más de dos décadas de consenso en materia migratoria y sitúa a España “en dirección contraria al criterio mayoritario de la Unión Europea”. Para el sindicato, la regularización masiva no solo tiene consecuencias administrativas, sino que envía un mensaje político peligroso en un contexto de presión migratoria creciente.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) va más allá y califica la medida de “absoluta irresponsabilidad”, reprochando al Ejecutivo que no haya explicado cómo piensa garantizar la seguridad, ni con qué recursos humanos y materiales se va a ejecutar el proceso. “No tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales”, advierten, recordando que muchos expedientes judiciales están en curso y que los plazos procesales pueden ocultar situaciones de riesgo real.
Efecto llamada y oxígeno para las mafias: “El mensaje es claro: entrar de forma irregular acaba teniendo premio”
Uno de los puntos más repetidos por los sindicatos es el efecto llamada inmediato que, a su juicio, provoca la regularización. “El mensaje es claro: entrar de forma irregular acaba teniendo premio”, denuncian, alertando de que esta política supone un balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico de personas, que ya operan explotando las debilidades del sistema.
#ÚltimaHora: Podemos acuerda con PSOE la regulación masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Estiman que se beneficiarán 500.000 personas aproximadamente.
— JUPOL (@JupolNacional) January 26, 2026
Irene MONTERO: “Tendrán papeles, todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de… pic.twitter.com/S2t9vgYccB
Desde Jupol insisten en que la medida obligará a extremar las comprobaciones, ya que una persona detenida recientemente por hechos graves puede no figurar aún con antecedentes penales. Esto incrementará la carga de trabajo en calabozos, gestiones documentales y verificaciones de identidad, en un ámbito donde el fraude documental es habitual y requiere análisis especializado.
Caos jurídico y gestión masiva sin garantías
Los sindicatos alertan también de la inseguridad jurídica derivada de las “interpretaciones dispares” sobre qué antecedentes son relevantes y cuáles no, lo que complica aún más una gestión que califican de masiva y delicada. En este contexto, Jupol reclama al Gobierno que rectifique, abra un diálogo real con la Policía y garantice que cualquier cambio en la política migratoria se tramite con transparencia, seguridad jurídica y viabilidad operativa.
Además, el sindicato exige un endurecimiento de la política de asilo, al considerar que la actual deriva constituye una regularización encubierta que incentiva la entrada irregular de miles de personas.
Un modelo ideológico con consecuencias reales
Los sindicatos concluyen que solidaridad y derechos humanos no son incompatibles con el control efectivo de fronteras, pero advierten de que la política migratoria del Gobierno responde más a planteamientos ideológicos que a criterios de seguridad y gestión responsable. Mientras el Ejecutivo presenta la regularización como un avance social, quienes deberán aplicarla sobre el terreno avisan de que puede convertirse en un nuevo episodio de caos administrativo, inseguridad y debilitamiento del Estado de derecho.