El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco, un texto que promete generar una fuerte polémica. Entre sus medidas estrella: prohibir fumar en terrazas, equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y, por primera vez, vetar el consumo de tabaco a menores de edad, no solo la venta.
El plan de Sanidad aún tiene que superar la tramitación parlamentaria y, a día de hoy, no cuenta con la mayoría asegurada.
Una reforma polémica con tintes intervencionistas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la norma como un paso “histórico” para volver a situar a España en la “vanguardia” de la lucha contra el tabaco. Sin embargo, el texto llega descafeinado: medidas como el empaquetado genérico (que obligaría a eliminar logotipos y marcas de las cajetillas) se han caído tras la presión de la CNMC y el rechazo de la industria.
Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo lamentan que el Gobierno haya cedido y critican que se dé más valor a la opinión de los organismos económicos que a los estudios científicos.
Prohibiciones en cascada
La medida más visible será la ampliación de los espacios libres de humo: no se podrá fumar en terrazas, en vehículos de trabajo, en los accesos a colegios, hospitales o edificios públicos, ni tampoco en universidades, instalaciones deportivas o recintos de espectáculos.
El anteproyecto también equipara el vapeo y otros dispositivos (como shishas o bolsitas de nicotina) al tabaco convencional. Su consumo quedará prohibido en todos los espacios públicos cerrados, en los exteriores señalados y, además, se vetará su publicidad, patrocinio o promoción en cualquier medio, incluido el ámbito digital.
Especial atención se presta a los dispositivos de un solo uso, que quedarán prohibidos por su atractivo entre los más jóvenes y por el impacto medioambiental de los residuos que generan.
La novedad: sancionar a menores
Por primera vez en una ley nacional, los menores de edad tendrán prohibido no solo comprar, sino también fumar. Esto abre la puerta a sanciones directas a adolescentes que consuman cigarrillos convencionales o electrónicos, aunque el régimen sancionador aún no ha sido publicado.
La ley también creará un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, un órgano burocrático que controlará el cumplimiento de las medidas y publicará informes cada dos años.
¿Un avance o un endurecimiento innecesario?
El Gobierno insiste en que la reforma “defiende el derecho a la salud” y asegura que tendrá un consenso similar al que en su día respaldó la prohibición de fumar en bares y restaurantes. Sin embargo, la realidad es que estas medidas se producen en un momento en que la presión fiscal y las restricciones al ciudadano aumentan, mientras la inversión en servicios básicos como infraestructuras, transporte o vivienda sigue bajo mínimos.
La gran pregunta es si estas medidas buscan realmente proteger la salud pública o si, una vez más, se trata de un endurecimiento legal y un mayor control del Gobierno sobre la vida privada de los españoles