Sánchez da un ultimátum a las comunidades que no han creado el registro de objetores al aborto: si no lo crean en el plazo de tres meses, tomará medidas legales
El Gobierno ha elevado la presión sobre las comunidades autónomas que no han implementado todavía el registro de médicos objetores de conciencia frente al aborto, una obligación recogida en la reforma de la Ley del Aborto de 2023 impulsada por el Ministerio de Igualdad.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió un requerimiento formal a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, instándoles a crear dicho registro “con la mayor celeridad posible”. En la misiva, el jefe del Ejecutivo establece un plazo máximo de tres meses y advierte de que, si no se cumple, “se activarán los mecanismos legales oportunos” para garantizar su ejecución.
El registro de objetores, una exigencia de la reforma de 2023
La reforma de la Ley del Aborto aprobada en 2023 obligó a todas las comunidades autónomas a disponer de un listado nominal de profesionales sanitarios que, por razones de conciencia, rechacen participar en la interrupción voluntaria del embarazo.
El objetivo declarado de este registro —según Sanidad— es asegurar que los hospitales públicos cuenten siempre con personal disponible para realizar abortos y “garantizar la igualdad de acceso” a este servicio en todo el territorio nacional.
Los criterios de aplicación del registro fueron definidos en el Consejo Interterritorial de Salud a finales de 2024, aunque varias autonomías aún no han completado el proceso.
El Gobierno acusa a las autonomías de limitar un “derecho fundamental”
Y es que el Gobierno de Sánchez, desde comienzos de la legislatura, ha procurado blindar el derecho al aborto, entre otras vías, mediante este registro. Consideran que la falta de una «lista negra» limita el acceso a las mujeres a un «derecho fundamental» reconocido por ley: temen que la objeción de conciencia obstaculice dicho «derecho».
Desde Moncloa defienden que el requerimiento a las comunidades es “un paso más” para garantizar que “todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.
Un nuevo pulso con las autonomías
El movimiento de Sánchez supone un nuevo frente de fricción entre el Gobierno central y las comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, en torno a la aplicación práctica de la ley del aborto.
Mientras Sanidad y Moncloa acusan a las autonomías de “obstaculizar derechos reconocidos por ley”, los gobiernos regionales —especialmente Madrid y Aragón— han defendido el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario y denuncian que el Ejecutivo intenta imponer un control político sobre los profesionales de la salud pública.
Ayuso critica el requerimiento de Sánchez sobre el aborto: “No se debe señalar ni estigmatizar a los profesionales”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al requerimiento formal remitido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que exige a varias comunidades —entre ellas Madrid— la creación en tres meses del registro de médicos objetores de conciencia al aborto.
Ayuso ha anunciado que su Gobierno se tomará “con tiempo” la respuesta para que sea “certera”, pero ha aprovechado para criticar duramente el fondo de la iniciativa. La dirigente madrileña ha insistido en que la Comunidad de Madrid defiende tanto el derecho a la atención médica como el derecho de los profesionales a actuar conforme a su conciencia.
En ese sentido, ha recordado que su Gobierno “no va a estigmatizar a los médicos ni a convertir su libertad moral en una lista negra”. “Se trata de respetar todas las sensibilidades, no de imponer una ideología desde el poder”, subrayó.