El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, ha cerrado el año 2024 sin cumplir con el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Este incumplimiento marca un nuevo episodio en la ya polémica gestión del Ejecutivo socialista, que se ha caracterizado por un constante desafío a las instituciones democráticas.
Una promesa cumplida: gobernar sin restricciones
En septiembre de 2024, Sánchez declaró ante el Comité Federal del PSOE que gobernaría «con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». Esta afirmación, que ya entonces generó críticas, parece haberse convertido en el eje central de su política. Aunque su partido presume de contar con mayoría en el Congreso, Sánchez ha encontrado cada vez más dificultades para aprobar medidas clave, sobre todo tras la concesión de la amnistía a los líderes separatistas catalanes, que ha provocado tensiones con sus propios socios y votantes.
Un récord en decretos-ley
Desde su llegada al poder en 2018, el Ejecutivo de Sánchez ha recurrido al decreto-ley con una frecuencia sin precedentes. Según los datos, su Gobierno ha aprobado 155 decretos-ley en estos años, más que ningún otro desde la transición democrática. Aunque en el pasado logró la convalidación de estas medidas a cambio de concesiones políticas, los conflictos internos y las resistencias de ciertos sectores han complicado este mecanismo.
Presupuestos prorrogados y financiación extraordinaria
La falta de presentación de los PGE no es solo una cuestión de forma. Es un incumplimiento del artículo 134.3 de la Constitución, que establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos al Congreso al menos tres meses antes de la expiración del año anterior. Sin embargo, en lugar de someterse a este mandato, el Ejecutivo ha optado por prorrogar por segunda vez consecutiva los presupuestos de 2023. Esta decisión implica que el Gobierno recurrirá a créditos extraordinarios y suplementos de crédito para cubrir sus necesidades financieras, una estrategia que ha utilizado en varias ocasiones.
Mientras tanto, el control de instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y buena parte de los medios de comunicación críticos asegura que las consecuencias políticas de este incumplimiento sean mínimas. En la última rueda de prensa del año, Sánchez reafirmó que su legislatura se extenderá hasta 2027, dejando claro que no planea rendir cuentas al Parlamento.
Un sistema financiero al límite
El impacto de esta gestión se agrava por la situación económica del país. Los presupuestos prorrogados de 2023 contemplaban un gasto de 455.978 millones de euros, de los cuales más del 53% se destinaban a pensiones, deuda pública y subsidios por desempleo. Las cifras son alarmantes: en noviembre de 2024, el coste de las pensiones contributivas alcanzó los 12.941 millones de euros, y con la paga extra esta cantidad ascendió a 25.565 millones.
El gasto en pensiones sigue aumentando debido tanto al crecimiento del número de pensionistas como a las subidas decretadas por el Gobierno. En 2023, el gasto total en pensiones llegó a 170.800 millones de euros, un 11% del PIB. Esto ocurre en un contexto de deuda pública equivalente al 105% del PIB y con España ostentando la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea.
¿Hacia dónde va España?
A pesar de los datos económicos preocupantes, algunas publicaciones internacionales, como The Economist, han elogiado la economía española, calificándola como la mejor de la OCDE. Sin embargo, esta valoración contrasta con una realidad marcada por un alto endeudamiento, salarios estancados y un sistema financiero que depende cada vez más de medidas extraordinarias para sostenerse.
Pedro Sánchez ha dejado claro que su prioridad no es el Parlamento ni la Constitución, sino mantenerse en el poder a cualquier coste. La falta de PGE para 2025 es un reflejo de un Ejecutivo que antepone sus intereses políticos a la estabilidad económica y democrática del país. Mientras tanto, los ciudadanos afrontan las consecuencias de una gestión que parece estar al borde del colapso.