El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido modificar el reparto solidario de menores inmigrantes no acompañados en España, excluyendo a Cataluña y el País Vasco del proceso. Esta medida, que ha generado una fuerte polémica, responde a los acuerdos alcanzados con Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), formaciones clave para el mantenimiento de la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.
La exclusión de estas dos comunidades autónomas no responde a criterios técnicos o de capacidad de acogida, sino a intereses políticos. Junts y el PNV, socios indispensables del Gobierno, habrían exigido esta concesión a cambio de su apoyo en el Congreso. Esta maniobra ha sido duramente criticada por la oposición, que acusa al Ejecutivo de desvirtuar el principio de solidaridad entre comunidades autónomas.
Esta decisión también ha sido interpretada como un intento del Gobierno de mantener la estabilidad en un escenario político frágil. La necesidad de asegurar los apoyos de Junts y el PNV ha llevado al Ejecutivo a realizar concesiones que afectan directamente a la distribución de responsabilidades entre las comunidades.
La presión de las comunidades del PP
Andalucía y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular han solicitado que Cataluña y el País Vasco participen en el reparto para equilibrar la carga. Sin embargo, estas demandas no han sido atendidas, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades que asumen la mayor parte de la acogida.
Los gobiernos autonómicos del PP han argumentado que la carga de la acogida de menores inmigrantes debe ser compartida de manera equitativa entre todas las comunidades autónomas. La negativa del Ejecutivo a incluir a Cataluña y el País Vasco en el reparto ha sido vista como una muestra de favoritismo hacia sus socios políticos.
La situación en Canarias es especialmente crítica. La comunidad autónoma alberga actualmente a más de 4.500 menores inmigrantes no acompañados, una cifra que supera con creces su capacidad de acogida. A pesar de los esfuerzos por redistribuir a estos menores entre otras comunidades, la carga sigue siendo desproporcionada.
El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la falta de solidaridad de otras comunidades y ha exigido al Ejecutivo central medidas más efectivas para aliviar la situación. Sin embargo, la exclusión de Cataluña y el País Vasco del reparto ha sido vista como un obstáculo para lograr una distribución más justa.
Críticas de la oposición por el reparto de menores
El Partido Popular y Vox han expresado su rechazo frontal a la medida, calificándola de injusta y partidista. Según estos partidos, el Gobierno está utilizando la gestión de la inmigración como moneda de cambio para mantenerse en el poder, en detrimento del principio de solidaridad que debería regir el reparto de menores inmigrantes no acompañados en España.
El portavoz del PP ha declarado que «esta decisión demuestra que el Gobierno antepone sus intereses políticos a las necesidades reales de las comunidades autónomas y de los menores inmigrantes». Por su parte, Vox ha acusado al Ejecutivo de «traicionar a las comunidades que están haciendo un esfuerzo extraordinario en la acogida».
Implicaciones para el futuro
La decisión del Gobierno podría tener consecuencias a largo plazo en la relación entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. La percepción de favoritismo hacia Cataluña y el País Vasco podría aumentar las tensiones territoriales y debilitar el principio de solidaridad que ha caracterizado la gestión de la inmigración en España.
Además, esta medida respecto al reparto de menores podría sentar un precedente peligroso en la política de inmigración, donde las decisiones se tomen en función de intereses políticos y no de criterios objetivos. La necesidad de una política de inmigración justa y equitativa es más urgente que nunca, y esta decisión podría dificultar la consecución de ese objetivo.