El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este domingo al régimen de Irán que ponga fin a la violencia contra los manifestantes y respete el derecho a la libertad de expresión y de reunión, en plena oleada de protestas que sacude el país desde hace semanas.
En declaraciones públicas, Albares ha condenado la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra la población civil, al tiempo que ha subrayado la necesidad de que Teherán garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, el jefe de la diplomacia española se ha mostrado contrario a una eventual intervención de Estados Unidos, al considerar que “no es lo que necesita ahora” el país persa.
La posición del Gobierno de España vuelve a evidenciar la ambigüedad moral de la política exterior del Ejecutivo: palabras de condena sin consecuencias reales frente a un régimen que reprime a tiros a su propio pueblo. Mientras se apela genéricamente al respeto de las libertades, se evita cualquier planteamiento que incomode a una dictadura teocrática cuya supervivencia depende precisamente de la violencia sistemática.
La negativa a respaldar una mayor presión internacional contrasta con la gravedad de los hechos sobre el terreno, donde organizaciones independientes denuncian centenares de muertos, miles de detenidos y un apagón informativo diseñado para ocultar la magnitud de la represión. En ese contexto, los llamamientos diplomáticos suenan a gesto retórico más que a una defensa firme de los derechos humanos.
Las protestas en Irán han dejado de ser una cuestión interna para convertirse en una prueba de coherencia para los gobiernos occidentales. Condenar la violencia mientras se descartan acciones que incomoden al régimen equivale, en la práctica, a permitir que la represión continúe sin coste político real para Teherán.