La investigación que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha tomado un giro significativo con la implicación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y directora de programas en Presidencia. Según los nuevos avances judiciales, Álvarez habría utilizado tanto su posición institucional como cuentas de correo personales para gestionar la captación de fondos destinados a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un proyecto académico que Gómez codirigía.
El juez del caso, Juan Carlos Peinado, ha incluido en el sumario varios correos electrónicos que muestran cómo Álvarez contactó a empresas patrocinadoras, como Fundación La Caixa y Reale, para solicitar financiación para la cátedra. En estos mensajes, enviados entre 2020 y 2022, Álvarez trasladaba el interés de Gómez por mantener las aportaciones, incluso planteando la posibilidad de reducir el apoyo financiero en lugar de perderlo por completo. Este uso mixto de cuentas personales y oficiales refuerza las sospechas de tráfico de influencias y abuso de poder.
Otro punto clave en la investigación es el desarrollo de un software vinculado a los programas de formación de la cátedra. El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado información a empresas como Indra, Telefónica y Google España para determinar cuánto invirtieron en este proyecto y si existieron deducciones fiscales relacionadas. Además, ha requerido datos sobre la contratación del dominio web del proyecto, lo que amplía el alcance de las pesquisas.
Otros actores implicados en el caso Begoña Gómez
El caso también salpica a otros actores. Cristina Álvarez, mencionada anteriormente, es una pieza central debido a sus comunicaciones con los patrocinadores. Juan José Güemes, exconsejero madrileño, fue inicialmente testigo, pero pasó a ser investigado tras declarar sobre la contratación de Gómez en otro proyecto del IE. En paralelo, la UCM ha tenido que rendir cuentas sobre las posibles irregularidades en la administración de la cátedra.
En el ámbito político, las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular ha calificado este asunto como un «escándalo de dimensiones mayúsculas». La formación conservadora acusa al Gobierno de presionar a empresas privadas para beneficiar los intereses de Gómez, alimentando el debate sobre el uso de recursos públicos y privados en proyectos vinculados a altos cargos políticos. Por su parte, desde Moncloa y el entorno de Gómez, se defiende que las acusaciones son infundadas y responden a una campaña de desprestigio.
La próxima comparecencia de Begoña Gómez, fijada para el 18 de diciembre, será un momento clave en la evolución de este caso después de conocer de la implicación de la asesora de la Moncloa en las gestiones de la UCM. Su declaración como imputada podría esclarecer algunos de los puntos controvertidos, aunque también existe la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas o imputaciones que amplíen la investigación.