El Tribunal Supremo ha exigido al Ministerio de Transportes que certifique los pagos realizados a José Luis Ábalos durante los años 2018 y 2019, que ascienden a más de 500.000 euros bajo el concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. La solicitud parte del magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso conocido como ‘caso Koldo’, y se sustenta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no ha logrado localizar estos fondos en las cuentas bancarias del exministro.
El informe de la UCO, fechado el pasado 28 de abril, detalla que el exministro recibió 156.440,29 euros en 2018 y 351.992,72 euros en 2019 por conceptos que, en principio, están exentos de tributación. Sin embargo, la cuantía de estos pagos y la ausencia de su rastro financiero en las cuentas conocidas de Ábalos han motivado el requerimiento judicial. La suma total supera los 508.000 euros en tan solo dos años, una cifra que, por su magnitud, ha despertado las alertas de los investigadores.
El Ministerio tiene 15 días para justificar los pagos
El juez ha dado un plazo de quince días al Ministerio de Transportes para que acredite oficialmente el motivo de los pagos, las fechas en que fueron realizados y las cuentas de destino. El objetivo es esclarecer si las dietas y rentas exentas cobradas por Ábalos durante su etapa en el Gobierno fueron legalmente justificadas o si existe algún tipo de irregularidad en su percepción.
En caso de que no se pueda demostrar el origen y destino de esos fondos, el Tribunal podría abrir una nueva vía de investigación que ampliaría el alcance del caso Koldo más allá de los contratos adjudicados durante la pandemia.
Dietas exentas: un concepto fiscal bajo revisión
Las rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen son retribuciones que pueden quedar libres de impuestos si cumplen determinados requisitos, como ser compensaciones por desplazamientos, manutención o alojamiento derivados del ejercicio del cargo público. Sin embargo, estos conceptos deben justificarse adecuadamente, tanto desde el punto de vista administrativo como fiscal.
En este caso, la elevada cuantía de las percepciones recibidas por Ábalos y la falta de registros contables accesibles han llevado a la UCO a recomendar su revisión en el marco del procedimiento judicial.
El requerimiento se enmarca dentro del caso Koldo, una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia. La causa afecta a Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, y al empresario Víctor de Aldama, entre otros implicados.
Aunque José Luis Ábalos no figura como investigado formal en la causa, su relación con los principales acusados y la aparición de estos pagos no declarados en forma de dietas podrían complicar su situación en los próximos meses. El juez Puente busca así comprobar si existió algún tipo de desviación de fondos públicos vinculada al exministro o si se trata de una gestión legal que no ha sido adecuadamente documentada.
Implicaciones políticas y fiscales
Este nuevo frente judicial puede tener también consecuencias políticas para el PSOE, en tanto que Ábalos ocupó cargos de alta responsabilidad en el Ejecutivo y fue uno de los ministros más cercanos al presidente del Gobierno durante la legislatura anterior. La falta de transparencia en el cobro de dietas o retribuciones públicas no solo podría suponer una infracción administrativa, sino también abrir la puerta a acusaciones por delitos de malversación o enriquecimiento injusto, si se demostrara que los fondos no se usaron conforme a la ley.
Por el momento, la clave estará en la documentación que aporte el Ministerio de Transportes. La precisión y claridad con la que se detallen los pagos podría resolver la duda o, por el contrario, dar lugar a un nuevo capítulo judicial con el exministro en el centro de la polémica.