El juez instructor ve indicios suficientes de que Ábalos y su asesor facilitaron un «acceso preferente a la Administración» al empresario y comisionista a cambio de «beneficio económico»
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, al considerar que existen indicios suficientes de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La resolución judicial pone fin a la fase de instrucción de la llamada trama Koldo y concluye que los tres investigados participaron en una red de corrupción destinada a obtener comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia de la covid-19.
El juez da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares para que, en un plazo común de diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.
El instructor del Supremo considera acreditado que el exministro, su antiguo colaborador y el empresario actuaron coordinadamente para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos millonarios. Según el auto, las operaciones se habrían materializado mediante pagos en concepto de comisiones que luego fueron distribuidas entre los implicados.
La decisión judicial acerca a Ábalos —una de las figuras clave del primer Gobierno de Pedro Sánchez— a sentarse en el banquillo, lo que supondría un nuevo golpe político para el PSOE en plena crisis de credibilidad por los múltiples casos de corrupción que salpican a antiguos cargos del partido.