El enfrentamiento entre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha escalado a un conflicto de gran relevancia política y judicial. La causa, que gira en torno a una presunta revelación de secretos, está sacudiendo los cimientos de la Fiscalía y ha generado un intenso debate sobre la independencia de las instituciones judiciales en España.
González Amador ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a las compañías telefónicas la preservación de todas las comunicaciones del fiscal general desde el 1 de marzo de 2024. La petición se extiende al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y a tres ex altos cargos de Moncloa, todos ellos identificados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación.
El objetivo de esta medida es evitar la eliminación automática de datos relevantes, ya que en marzo de 2025 se cumplirá un año desde el periodo investigado (8 al 14 de marzo de 2024), momento en el que muchas compañías eliminan registros por cumplimiento normativo. González Amador sostiene que estas comunicaciones podrían arrojar luz sobre cómo se filtró a la prensa información confidencial relacionada con él.
Investigación sobre revelación de secretos
El caso se centra en la filtración de un correo electrónico en el que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. Dicho documento habría llegado a los medios de comunicación, lo que motivó la apertura de una causa contra García Ortiz y otros dos fiscales, Diego Villafañe y Pilar Rodríguez, por un posible delito de revelación de secretos.
La UCO ha señalado que varios altos cargos de Moncloa, incluyendo exasesores y secretarios de Estado, habrían tenido acceso a este correo antes de su difusión pública. El novio de Ayuso insiste en que el rastreo de metadatos y la conservación de comunicaciones del fiscal general permitirían esclarecer quiénes participaron en la filtración y qué papel jugó cada uno de los implicados.
La defensa del fiscal general
En medio de la polémica, Álvaro García Ortiz compareció recientemente ante la Comisión de Justicia del Senado, donde defendió su continuidad en el cargo a pesar de las presiones políticas y mediáticas. «Sería más cómodo dimitir, pero hacerlo debilitaría a la Fiscalía», afirmó. Según el fiscal general, su renuncia sería interpretada como una concesión a quienes buscan socavar la independencia del Ministerio Público.
García Ortiz también justificó el borrado regular de datos en sus dispositivos electrónicos, asegurando que es una práctica habitual dentro de la administración para cumplir con las normativas europeas de protección de datos. No obstante, sus explicaciones no han convencido a la oposición, que ha intensificado su exigencia de dimisión.
Reacciones políticas y mediáticas
El caso ha provocado un terremoto en el ámbito político. Partidos como el PP y Vox han criticado duramente la actuación del fiscal general y han exigido su dimisión inmediata. Lo acusan de actuar en connivencia con el Gobierno de Pedro Sánchez y de utilizar su cargo para favorecer intereses políticos.
Mientras tanto, el PSOE ha calificado las acusaciones como un «ataque sin precedentes» a la independencia de la Fiscalía.
Desde el ámbito periodístico, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha denunciado que las acciones emprendidas por González Amador, incluyendo la solicitud de intervención de comunicaciones de seis periodistas, representan una amenaza al secreto profesional y a la libertad de prensa